La reciente encuesta de Panel Ciudadano y la Universidad del Desarrollo (UDD) ha vuelto a instalar en el debate público un tema que incomoda y divide: las tomas de terreno. Para un 61% de los encuestados, estos asentamientos ilegales no son un acto de desesperación de familias sin techo, sino una expresión del crimen organizado, que lotea, vende y lucra con la miseria.
Este dato no es menor. Refleja que la ciudadanía ya no observa las tomas como un fenómeno aislado o espontáneo, sino como parte de un entramado delictual que se organiza, se planifica y opera con impunidad en distintas ciudades del país.
El rol del Estado: tarde, mal e insuficiente
La encuesta también es lapidaria con la acción estatal: un 53% califica de deficiente el rol del Estado, mientras que un 34% lo considera insuficiente. En otras palabras, más del 80% cree que el aparato público ha sido incapaz de contener, regular o resolver esta problemática.
No se trata solo de la ocupación ilegal de un terreno: hablamos de redes que operan con la lógica del narco, del tráfico de armas y de los mercados negros. Estas estructuras aprovechan la necesidad habitacional de miles de familias para venderles un sueño precario y, de paso, consolidar territorios sin ley.
Crimen organizado vs. necesidad social
Es cierto que existe un 29% que aún percibe las tomas como fenómenos espontáneos: familias que, sin planificación alguna, levantan una mediagua donde pueden. Negar esa realidad sería irresponsable. La falta de vivienda en Chile es un problema estructural, con un déficit habitacional que supera las 600 mil viviendas. Pero no podemos tapar el sol con un dedo: ese drama social está siendo instrumentalizado por grupos que hacen del despojo su negocio.
El Estado, con su lentitud y fragmentación, termina dejando el terreno fértil para que florezcan estas mafias. La ausencia de políticas habitacionales oportunas se transforma, irónicamente, en la mejor herramienta de reclutamiento para los traficantes de terrenos.
La urgencia de un “Nunca Más”
La pregunta de fondo es incómoda: ¿seguiremos tolerando que en nombre de la necesidad se consoliden enclaves de ilegalidad? ¿Vamos a permitir que la urgencia habitacional sea el disfraz perfecto del crimen organizado?
El 59% de los encuestados cree que el Estado debe desalojar y devolver los terrenos a sus dueños. Otros apuestan por la mediación o incluso la expropiación. Lo cierto es que ninguna de estas medidas funcionará si no se enfrenta primero el poder delictual que se esconde tras las tomas.
Chile necesita una política habitacional integral, rápida y transparente. Pero al mismo tiempo, requiere un Estado firme, capaz de reconocer que el crimen organizado se ha infiltrado en la vivienda, como antes lo hizo en los puertos, en los barrios y en la política local.
No basta con desalojar: se trata de cortar las redes que lucran con la desesperación. Solo entonces podremos separar con claridad la línea que divide la necesidad legítima de una familia y la estrategia criminal de quienes, bajo la excusa de la vivienda, han encontrado un negocio rentable y violento.
