Lujo, desorden y fracaso: la crisis de los SLEP queda al desnudo
La escena ocurrió la noche del 10 de enero de 2026 en Copiapó. Una limusina Hummer blanca se estacionó frente al Casino de la ciudad. Hubo alfombra roja, cámaras 360°, banquetería y barra de alcohol. No se trataba de una celebración privada ni de un evento financiado con aportes personales. Eran funcionarios del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama celebrando su quinto aniversario. El problema no fue solo la estética del festejo, sino lo que simbolizaba: un aparato estatal celebrándose a sí mismo en medio de uno de los peores colapsos de la educación pública en décadas.
Las imágenes circularon con rapidez y desataron una indignación transversal. Mientras escuelas de la región enfrentan déficits de infraestructura, paros prolongados y resultados académicos críticos, el servicio responsable de su administración optó por una puesta en escena propia de un evento corporativo de alto presupuesto. Para muchos, no fue un error comunicacional: fue una postal del divorcio entre la burocracia educativa y la realidad de las salas de clase.
El contraste es brutal. El SLEP Atacama arrastra los peores resultados de la PAES por cuarto año consecutivo, ha perdido cerca de 4.800 matrículas desde 2022 y ha tenido siete directores en apenas cinco años. Pese a ello, el servicio celebró como si estuviera cumpliendo su misión. Para docentes, apoderados y expertos, la señal fue inequívoca: el sistema no solo falla, además parece no ser consciente de su propio fracaso.
“El espectáculo fue chocante”, afirmó Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. “No son cinco años para celebrar. El SLEP Atacama ha sido un ejemplo de mal funcionamiento, de irregularidades graves y de una gestión deplorable”. Sus palabras no apuntaban únicamente a una fiesta, sino a una forma de administrar la educación pública que, a su juicio, ha perdido completamente el foco.
El académico Juan Pablo Catalán, de la Facultad de Educación de la UNAB, fue aún más categórico. “Cuando un servicio local decide celebrar con lujos mientras existen escuelas con infraestructura precaria, equipos docentes sobrecargados y estudiantes que no logran aprendizajes básicos, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser ético”, escribió. Su conclusión fue lapidaria: “Cuando la educación pública se sube a una limusina, no avanza: se desvía”.
Atacama, el símbolo de una reforma que prometía salvar la educación pública
El caso de Atacama no es una anomalía aislada. Para muchos analistas, se ha convertido en el espejo más crudo de las fallas de la Nueva Educación Pública. Desde su puesta en marcha en 2020, el SLEP de la región ha tenido siete directores ejecutivos. La inestabilidad directiva no ha sido una excepción, sino la regla.
En 2023, la Fiscalía de Copiapó abrió una investigación por eventuales delitos económicos tras detectar graves irregularidades administrativas. Ese mismo año, un paro docente de 83 días dejó a más de 30.000 estudiantes sin clases. Las denuncias incluyeron salas con plagas de roedores, problemas sanitarios persistentes y establecimientos con infraestructura básica inutilizable. La Contraloría Regional de Atacama, además, detectó jardines infantiles y cursos completos sin reconocimiento oficial, así como especialidades técnico-profesionales que funcionaban fuera del marco normativo.
El listado de episodios roza lo inverosímil. Tras el último escándalo, el director ejecutivo Daslav Mihovilovic fue destituido. Su sucesora subrogante, Ximena Sanhueza, solicitó licencia médica pocos días después de asumir, luego de que se conociera la contratación de sus hijas con recursos provenientes de subvenciones escolares, fondos que por ley no pueden destinarse a remuneraciones. A ello se suma un antecedente que grafica el desorden institucional: el primer director del SLEP, Carlos Pérez Estay, continuó recibiendo su sueldo durante 20 meses pese a estar suspendido de sus funciones.
En términos académicos, el panorama es igualmente desalentador. En el SIMCE 2023, los estudiantes de segundo medio de Atacama promediaron 245 puntos en Matemática, muy por debajo del promedio nacional de 257. En apenas cuatro años, la región perdió cerca del 15% de su matrícula escolar. Menos estudiantes, peores resultados y una administración marcada por escándalos: un cóctel que explica el profundo descrédito del sistema.
Una promesa estructural que hoy enfrenta su mayor cuestionamiento
Cuando la expresidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley 21.040 en noviembre de 2017, el diagnóstico era compartido de manera transversal: la educación municipal estaba agotada. La matrícula pública había caído del 78% en 1980 al 36% en 2017. Los Servicios Locales de Educación Pública se presentaron como una solución estructural destinada a profesionalizar la gestión y revertir décadas de deterioro.
Sin embargo, casi una década después, la promesa convive con una realidad incómoda. A enero de 2026, 36 de los 70 SLEP proyectados ya están en funcionamiento, administrando la educación de más de 640.000 estudiantes. Lejos de consolidar confianza, el sistema enfrenta críticas crecientes por centralización excesiva, rigidez administrativa y una incapacidad persistente para mejorar los aprendizajes.
Evidencia acumulada y fallas que se repiten
Las críticas no provienen solo del mundo político o gremial. El Centro de Estudios Públicos (CEP) identificó seis fallas estructurales que se repiten de manera transversal en los SLEP: un diseño institucional deficiente, gestión pedagógica relegada a un segundo plano, infraestructura heredada en mal estado, rigidez financiera, dificultades para atraer profesionales idóneos y una débil participación de las comunidades educativas.
Estas conclusiones se basan en 24 auditorías de la Contraloría General de la República y más de 80 hallazgos críticos. En varios casos, los antecedentes debieron ser remitidos al Ministerio Público. Aun así, las correcciones han sido lentas, parciales y, para muchos expertos, claramente insuficientes.
PAES, SIMCE y la paradoja de los resultados
El debate se vuelve aún más áspero al revisar los indicadores de desempeño. Mientras el SIMCE muestra leves mejoras en algunos niveles básicos, la PAES evidencia un desplome histórico de los liceos públicos emblemáticos. En 2026, ningún establecimiento estatal logró posicionarse entre los 50 mejores puntajes del país. El Instituto Nacional, símbolo histórico de la educación pública chilena, cayó al lugar 360.
Para el gobierno, estos resultados no pueden atribuirse directamente a los SLEP, ya que los estudiantes evaluados cursaron gran parte de su trayectoria bajo administración municipal. Para los críticos, en cambio, las cifras confirman que la reforma no está logrando mejorar la calidad educativa donde más importa: en el aprendizaje efectivo de los estudiantes.
Un sistema en pausa y un futuro incierto
Con el cambio de gobierno ad portas, el futuro de los Servicios Locales de Educación Pública quedó en suspenso. El presidente electo José Antonio Kast ha planteado la necesidad de detener la expansión del sistema y someterlo a una evaluación profunda antes de continuar.
La pregunta de fondo es incómoda pero inevitable: ¿puede una reforma diseñada para rescatar la educación pública sobrevivir a casos como el de Atacama sin una corrección estructural de fondo? Porque mientras el Estado debate diagnósticos y responsabilidades, miles de estudiantes siguen esperando que el sistema deje de celebrarse a sí mismo y comience, finalmente, a cumplir su promesa básica: educar mejor.
