La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente informó este martes los resultados de un masivo operativo nacional destinado a desarticular una red de corrupción que operaba al interior del sistema penitenciario, procedimiento que dejó 66 personas detenidas, de las cuales 44 corresponden a funcionarios de Gendarmería de Chile.
El operativo, denominado “Operación Apocalipsis”, se desplegó de manera simultánea en siete regiones del país y abarcó nueve centros penitenciarios, entre ellos las cárceles de Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, ambos en la Región Metropolitana.
Órdenes de detención vigentes y delitos flagrantes
De acuerdo con lo señalado por el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, del total de gendarmes detenidos, 40 mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que otros cuatro fueron sorprendidos en situación de flagrancia al interior del penal Santiago 1.
“En dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, Santiago 1 y el CPF de San Joaquín, funcionarios de Gendarmería coludidos con particulares realizaban actos destinados a ingresar productos prohibidos al interior de los establecimientos”, explicó el persecutor.
El fiscal agregó que, además, los imputados facilitaban el ingreso irregular de personas a los recintos, especialmente a Santiago 1, vulnerando de forma grave los protocolos de seguridad penitenciaria.
Millonarias incautaciones y congelamiento de cuentas
Como parte de las diligencias judiciales, el Ministerio Público informó que se logró el congelamiento de 183 cuentas bancarias, junto con la incautación de nueve propiedades, 16 vehículos y aproximadamente $50 millones en dinero en efectivo.
“Desde la madrugada se desarrollaron diversos operativos en los establecimientos señalados y en otros siete centros penitenciarios a nivel nacional, lo que permitió concretar la detención de 66 personas”, precisó Pastén.
La Fiscalía continúa con las diligencias investigativas para establecer el alcance total de la red, los flujos de dinero involucrados y las eventuales responsabilidades de otros funcionarios o civiles vinculados a los hechos.
