Guerra civil o intervención militar internacional: las opciones para resolver el rompecabezas venezolano

“La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios (…) el propósito político es el objetivo, mientras que la guerra es el medio, y el medio no puede ser nunca considerado separadamente del objetivo” (Carl von Clausewitz, “De la guerra”, 1832)

Desde que el militar y filósofo prusiano von Clausewitz escribió este enunciado, han transcurrido 186 años. Y es que la guerra es precisamente la continuidad (o el fracaso) de la política. En el caso de Venezuela, el tiempo del diálogo político se está agotando casi de manera irreversible. El país es hoy casi un estado fallido, cuyas derivaciones ya se están expandiendo a toda la región. Algunas referencias hablan por sí solas: es una tiranía disfrazada de democracia, cuyos funcionarios (muchos acusados de enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico y el contrabando de armas, minerales y combustible) disfrutan de las prebendas que otorga el poder; tiene la tasa de homicidios más grande de América Latina (el año 2017 cerró con 26.616 asesinatos y en este primer semestre van contabilizados 5.762 homicidios); en sus cárceles se alojan casi 400 presos políticos civiles y militares; más de un millón y medio de venezolanos han emigrado (Venezuela es el cuarto país después de Afganistán, Siria e Irak cuyos ciudadanos más solicitudes de asilo formularon); han reaparecido enfermedades que estaban erradicadas, como la malaria, la difteria, el sarampión, la tuberculosis y el dengue; han colapsado los servicios asistenciales; soporta una hiperinflación del 16.000%, según el FMI; la pobreza en Venezuela subió a 87% en el último año, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2018, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); bandas armadas paramilitares y parapoliciales financiadas por el gobierno (los llamados “colectivos”) amedrentan, roban, saquean y asesinan a los opositores -y aún a ciudadanos comunes-, saliéndose del control estatal; la Organización Caritas de Venezuela estima que para fines de este año el nivel de desnutrición infantil alcanzará el 25% (lo que equivale a decir 280.000 niños) si el gobierno de Nicolás Maduro no reconoce la crisis humanitaria que padece el país y acepta la ayuda internacional; en cuanto al sistema político-judicial venezolano, la Asamblea Nacional Constituyente -controlada por el gobierno, pero desconocida por la comunidad internacional-, asumió las funciones legislativas tras acusar a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (el parlamento venezolano), de desacato y los miembros electos del Tribunal Supremo de Justicia fueron forzados a exiliarse, tras la persecución por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Ante este colapso político, social y económico del “socialismo del siglo XXI” pergeñado por el fallecido Hugo Chávez, la pregunta que cabe hacerse es: ¿Por qué no renuncia Nicolás Maduro? La respuesta es terminante: no puede. Y no puede renunciar por más que cada día que permanezca al frente del Palacio de Miraflores, la situación del país caribeño se sumerja más en la penuria y la anarquía.

Uno de los principales escollos -sino el primero- para la renuncia de Maduro y su gabinete es el factor militar. Hoy los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dominan el escenario político venezolano, donde ocupan 11 de los 32 ministerios y 11 de los 23 gobiernos regionales. Existe un dato no menor que grafica claramente la importancia que tiene dentro del Estado venezolano la élite militar: en estos momentos en la jerarquía castrense venezolana hay casi 2.000 generales (cuando sólo se necesitarían 200). La mayor superpotencia militar del planeta, los Estados Unidos, tienen actualmente 900 generales activos…

Los generales de la FANB operan un verdadero armazón de compañías oficiales (distribución de alimentos básicos, una compañía petrolera, un canal de televisión, un banco, una ensambladora de vehículos y una constructora) que les facilitan el acceso a las divisas extranjeras en un país sujeto a un fuerte control cambiario.

¿Un ejemplo? La Compañía Anónima Militar de Empresa Mineras (CAMIMPEG), administrará por los próximos 50 años la explotación de más de 4.000 toneladas de oro, 33 millones de quilates de diamantes y más de 3.600 millones de toneladas de hierro, que posee Venezuela en el llamado Arco Minero del Orinoco. Lo que se dice una verdadera caja negra de divisas casi sin control gubernamental. Al manejo de gobernaciones, ministerios y empresas estatales, se suman las denuncias contra jefes militares por el tráfico de alimentos, combustible, drogas, minerales y armas. De hecho, existe un llamado “Cartel de los Soles” (por la insignia con forma de sol que portan los generales venezolanos en sus hombreras) compuesto primordialmente por altos oficiales que están estrechamente vinculados al crimen organizado internacional.

Todo esto supone que si cayera Nicolás Maduro -y con él todos los funcionarios de la llamada Revolución Bolivariana-, los militares estarían a la cabeza de las investigaciones sobre narcocriminalidad, con la consiguiente pérdida de patrimonios y, por supuesto, una larguísima temporada en la cárcel.

Hacia una confrontación interna

Si bien la jerarquía castrense venezolana está sumergida en la corrupción y el narcotráfico, se está resquebrajando el orden interno de la FANB. Sucede que de los mandos medios hacia abajo (por ejemplo, un coronel venezolano gana 25 dólares al mes), el descontento y la pobreza son los mismos que soporta la población civil. Desde abril del año pasado, cuando comenzaron las protestas masivas contra la dictadura, decenas de militares fueron arrestados acusados de traición, rebelión, robo y deserción. Entre los detenidos se encuentran capitanes, sargentos, tenientes y soldados, del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Dentro de la FANB, la Guardia Nacional y las fuerzas policiales, opera desde hace un tiempo el denominado “Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo”, cuyo propósito es reunir hombres y unificar criterios para una fractura dentro del corrupto estamento militar. En marzo de este  año, nueve miembros del Ejército venezolano fueron arrestados bajo cargos de “traición a la patria” e “instigación a la rebelión” contra el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Estas detenciones se produjeron una semana después que Maduro ordenara la expulsión y degradación de otros 24 oficiales activos y en retiro. Dos de los militares arrestados comandaban batallones en Caracas y San Cristóbal, ciudad fronteriza con Colombia. Otras aprehensiones se produjeron en los estados de Carabobo, Barinas y Guárico. Se calcula que en el período presidencial de Maduro, entre 40 a 60 militares han sido detenidos y acusados de rebelión militar. Este tipo de procedimientos, llevados a cabo por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), es una táctica que el régimen venezolano importó de Cuba: la detención arbitraria y preventiva de suboficiales y oficiales de las fuerzas militares y policiales para instituir el miedo en el resto de los cuadros. Muchos militares recibieron tormentos físicos, tal el caso de la capitán de Navío Emmy Da Costa, cuyas fotos maniatada y torturada por la inteligencia militar recorrieron el mundo.

Un incidente no menor de insubordinación, fue denunciado por el diputado por el estado Anzoátegui, Omar González Moreno, quien señaló que en mayo último el Grupo de Acciones Especiales de la Guardia Nacional se habría rebelado contra una comisión de la Dirección General Contrainteligencia Militar que buscaba detener a dos oficiales de la unidad táctica en Macarao, Caracas.

Los pedidos de baja o deserciones dentro de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales venezolanos se han convertido en una verdadera sangría para el régimen de Nicolás Maduro, que se apoya en un puñado de 50 generales (de los 2.000 en actividad) para mantener un rígido control sobre los cuarteles. 

Considero que es casi inevitable la confrontación interna (léase guerra civil). Maduro, sus funcionarios, el generalato corrupto (muchos de ellos acusados por la Justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y lavado de dinero) y los delincuentes que, amparándose en una ideología, han robado, saqueado y asesinado, no querrán enfrentarse a los tribunales postbolivarianos en caso de derrumbarse el sistema socialista. Nicolás Maduro y sus cómplices entienden perfectamente que mantenerse en el poder es casi la única forma de sobrevivir a la caída del régimen. La otra es el exilio permanente.

Ahora bien, de producirse un conato sedicioso serio en el seno de la FANB, los efectivos de las fuerzas armadas y policiales contrarrevolucionarios se enfrentarán a sus camaradas adictos al régimen bolivariano y a dos actores por demás preocupantes: los llamados “colectivos chavistas” (verdaderas bandas criminales que cuentan con financiamiento oficial a través planes sociales, partidas presupuestarias para sus proyectos culturales y se encargan de la distribución de alimentos en los suburbios, además de garantizar el “orden” en las barriadas, pero también dedicadas al secuestro, robo de automotores, narcotráfico y hasta el asesinato liso y llano de opositores y rivales) y la Milicia Nacional Bolivariana de Venezuela, compuesto por civiles que cuentan con instrucción militar y están provistos con fusiles automáticos de asalto FN FAL belgas, (que fueron suplantados en el ejército regular por el AK-103 de fabricación rusa y venezolana). Esta Milicia también cuenta con ametralladoras, morteros y cañones 106mm sin retroceso, así como otros equipos. Nicolás Maduro anunció hace poco la idea de llevar estas unidades a los 500.000 combatientes.

Intervención militar internacional

En abril de este año, más de 300 activistas opositores al régimen de Nicolás Maduro pidieron ayuda humanitaria y una intervención militar de los Estados Unidos a través de 500 cartas que entregaron a senadores y congresistas estadounidenses en sus respectivos despachos.

Las cartas resaltaban la necesidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lidere una intervención internacional en Venezuela que incluya alimentos, medicinas y una fuerza capaz de “derrocar” al gobierno de Maduro. Ernesto Ackerman, presidente del grupo Ciudadanos Independientes Venezolano-Estadounidenses (IVAC, por sus siglas en inglés), declaró que “Los venezolanos por sí solos, ya no pueden sacar a esta gente que tiene secuestrado al país”.

¿Qué tan viable es una Coalición Internacional que derroque al régimen bolivariano? A prima facie, parece muy poco probable –por no decir casi imposible- que la Organización de los Estados Americanos (OEA) decida una intervención militar en Venezuela. Recordemos que a pesar que durante la cuarta sesión plenaria de la 48° Asamblea General de la OEA del último 4 de junio, se aprobó una resolución que desconoce las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo en Venezuela y, por ende, la legitimidad de Nicolás Maduro como mandatario reelecto, además de proponer la suspensión de Venezuela del organismo internacional hasta tanto no sea “restaurada la democracia”, la sesión plenaria abogó para que en la nación caribeña “encuentren la solución a su crisis”, en el marco del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Es decir, no habrá intervención más allá de la humanitaria. Y esto último si Maduro lo autoriza.

El régimen no pudo ser suspendido de la OEA porque para que ello sucediera deberían haber votado en positivo dos tercios de los miembros, es decir 24 países. La votación tuvo 19 a favor, cuatro en contra y 11 abstenciones. Recordemos que el régimen de Nicolás Maduro inició oficialmente su retiro de la OEA en abril de 2017, un tratamiento que burocráticamente tarda 24 meses. La excusa de Venezuela para su salida es que el mismo organismo viola el artículo 1º de la Carta de la OEA, que establece que ninguna de las disposiciones del organismo “la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”.

De todas formas, si Venezuela fuera suspendida (la OEA no pude expulsar a un miembro), más allá de sumirla aún más en el aislamiento regional, no implicaría un mecanismo de presión efectivo, sino simbólico, ya que cuenta con el apoyo en América Latina de Bolivia, Dominica, San Vicente y Las Granadinas, Cuba, Nicaragua y El Salvador, y a nivel mundial tiene el respaldo de Rusia, China, Siria, Irán, Turquía y Bielorrusia, países que saludaron a Maduro por la “reelección” del 20 de mayo.

La otra posibilidad de intervención militar directa en Venezuela yacería en una decisión unilateral de los Estados Unidos de utilizar su maquinaria bélica para aplastar al régimen bolivariano, aunque tendría graves repercusiones regionales y aún globales. Esta eventualidad ya fue descartada por el propio gobierno estadounidense, aunque estuvo en las ideas de Donald Trump y en la agenda del almirante Kurt W. Tidd, jefe del U.S. Southern Command (SOUTHCOM), el Comando Sur de los Estados Unidos, quien elaboró en 2016 un trabajo denominado “Operation Venezuela Freedom-2”.

Existe una tercera vía posible para la intervención militar internacional, la cual considero más viable. Una vez desatada la confrontación interna -y transcurrido algún tiempo en el que se aplicarían sanciones a un abanico de actividades tales como las económicas, financieras y comerciales, embargos de armas, condicionamientos o prohibición de viajes de autoridades y funcionarios y restricciones diplomáticas-, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aplicando el Capítulo VII de la Carta de la ONU, podría desplegar una Fuerza de Imposición de la Paz en Venezuela (con Estados Unidos a la cabeza), para combatir contra las unidades militares y paramilitares chavistas, detener y juzgar a los funcionarios civiles y militares acusados de actividades criminales, apoyar la reconstrucción de la infraestructura del país y, finalmente, rearmar a los partidos políticos y llamar a elecciones limpias para que los venezolanos sean dueños de su destino.

Si bien soy pesimista en cuanto a la evolución y final de la crisis venezolana, quisiera que estas conjeturas nunca ocurran y que la cordura y el diálogo primen, porque una guerra civil en Venezuela dispararía derivaciones bélicas y humanitarias pocas veces vistas en América Latina, solo apenas comparables con las revoluciones nicaragüense y salvadoreña de los años 70, 80 y 90, o con el conflicto colombiano.

 

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