Desventuras de un Gobierno torpe y una oposición miserable

El presidente argentino Mauricio Macri anunció pomposamente el lunes de la semana pasada, desde el complejo militar de Campo de Mayo, la puesta en marcha de la reforma del Sistema de Defensa Nacional. Al día siguiente, firmó el decreto 638/2018, que básicamente, deroga parte del decreto 727/2006, firmado por Néstor Kirchner. Para no hacer un análisis completo de los seis artículos del nuevo decreto, la novedad lo dan los artículos 2 y 3. El Artículo 2 establece, a medias tintas, que las Fuerzas Armadas deben incluir en su planeamiento y doctrina la integración y el apoyo a las Fuerzas de Seguridad. Poco dice de otras cuestiones, como la utilización de unidades de combate en casos de conmoción interna.

El Artículo 3, recuerda que “El EJÉRCITO ARGENTINO, la ARMADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la FUERZA AÉREA ARGENTINA conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional”. Hasta aquí nada nuevo, pero agrega: “La misión primaria fundamental del Instrumento Militar consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa.” ¿Qué se entiende específicamente sobre “situaciones de agresión externa”, que autoricen la participación del Instrumento Militar en acciones de seguridad? El decreto no lo aclara.

Si me permiten estimados lectores, les sugiero que si quieren un análisis exhaustivo del decreto firmado por Mauricio Macri, lean el artículo de mi colega y corresponsal de este diario, el doctor Jorge Suárez Saponaro, cuyo enlace les dejo al final de esta nota.

El presidente Macri dijo durante el anuncio de la firma del decreto que las Fuerzas Armadas desempeñarán un nuevo rol, haciendo énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior”, dijo.

El jefe de Estado argentino señaló que las Fuerzas Armadas actuarán como “apoyo logístico en la zona de fronteras”, así como ante “eventos de carácter estratégico”.

Las reacciones por parte del arco opositor no se hicieron esperar. Era esperable, por supuesto, que la izquierda y los organismos de derechos humanos, que viven nostálgicamente anclados en la década del 70, se manifestaran en contra de estas medidas. Pero lo que llamó la atención -en realidad no tanto, ya que conocemos lo canallesco de sus acciones- son las posiciones que tomaron el kirchnerismo y el Frente Renovador.

Hagamos un breve pero jugoso racconto histórico para tratar de razonar acerca de lo mezquino e inconsciente que se puede ser en materia política en Argentina. Durante la gestión de Néstor Kirchner, se firmó la Resolución Nº 206/07 del Ministerio de Defensa, que era conducido por Nilda Garré. Esta Resolución puso en marcha el “Operativo Fortín I” que fue la utilización de los medios disponibles para la vigilancia aérea pertenecientes al Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina en el noroeste y nordeste argentinos, a partir del año 2007, para detectar vuelos ilegales, en su mayor parte narcotraficantes.

Esta Resolución le permitía a las Fuerza Armadas suministrar información a las Fuerzas de Seguridad afectadas y que estas se pudieran desplazar hasta el lugar del aterrizaje de aeronaves ilegales. En julio de 2011, se lanzó el “Operativo Fortín II”, en el marco del lanzamiento del “Operativo Escudo Norte”. Como dato de color, el kirchnerismo se fue del poder -cuando no- dejando dejó un rojo en Defensa de $140 millones, principalmente en viáticos al personal del Ejército que fueron desplegados en el norte del país. La mayoría de los 1.700 efectivos empleados pertenecían a la Brigada de Monte III de Puerto Bermejo y Las Palmas (Chaco); Las Lomitas, Misión Tacaaglé y Posta Cambio Zalazar (Formosa); la Brigada de Monte XII en Posadas y la Agrupación de Artillería Antiaérea de Ejército 601, así como personal de la Fuerza Aérea.

Ya en el poder Cristina Fernández de Kirchner, el miércoles 20 de julio de 2011 lanzó desde el aeropuerto Mal Paso, en Santiago del Estero, un plan de radarización para combatir el narcotráfico. “Este operativo Escudo Norte fue diseñado por el Ministerio de Seguridad con una articulación inteligente entre el Ministerio de Defensa y sus fuerzas de seguridad, para la lucha y prevención contra el narcotráfico”, dijo entonces la ex presidenta.

El lanzamiento del plan implicaba la radicación de una flotilla de vetustos aviones IA-58 Pucará, la participación de militares del Ejército (a cargo del radar) y pilotos militares para interceptar los vuelos clandestinos obligándolos a aterrizar.

Dos años después, en septiembre de 2013, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, envió 4.500 efectivos del Ejército para vigilar la frontera norte del país como parte del “Operativo Escudo Norte”. El personal militar que colaboró con las tareas que allí realizaba Gendarmería Nacional no podía realizar detenciones, ni interrogatorios. Ni siquiera pedir documentos. Un ex oficial del Ejército que participó de esa acción, le confirmó a este periodista que solo se dedicaban a hacer patrullajes y que tenían la orden expresa de no trabarse en combate en caso de ser atacados por narcos. Solo se limitaban a informar a Gendarmería la posición de los contrabandistas. Y muchas veces los gendarmes no llegaban…

Mientras los militares eran enviados a las fronteras para no hacer nada -ya que la ley no permite la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior- miles de efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval eran desplazados para conformar los operativos “Centinela” y “Cinturón Sur”, en medio de una ola de inseguridad y homicidios en el Conurbano bonaerense y la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el kirchnerismo generó un verdadero “colador” de contrabando y tráfico de drogas en las fronteras para poner parches en Buenos Aires.

Ya en plena campaña presidencial de 2015, Daniel Scioli, candidato del oficialista Frente para la Victoria y entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, promovía el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el delito. Dijo en ese momento quien tal vez haya sido el peor gobernador bonaerense: “Como mi compromiso es la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico es una realidad, vamos a implementar un blindaje de nuestros 2.500 kilómetros de fronteras. Lo haremos con efectivos de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas que ya están allí actuando en los escudos Norte y Noroeste”. Y agregó: “Voy a crear una agencia federal de investigación contra el narcotráfico, blindar las fronteras con más fuerzas federales, con la colaboración de las Fuerzas Armadas”.

Quien también prometió utilizar el instrumento militar en la lucha contra la delincuencia fue el inefable Sergio Massa, un verdadero camaleón de la política argentina. Massa lanzó en el “Barrio Ejército de los Andes”, conocido popularmente como “Fuerte Apache” (un peligroso complejo habitacional del partido bonaerense de Tres de Febrero, destacado por los delincuentes y las bandas narcos que lo utilizan como búnker), su “Programa de Seguridad Ampliada”. Este programa involucraba el despliegue de efectivos militares como auxiliares de las Fuerzas de Seguridad en los barrios cooptados por el narcotráfico, aportando, además, su personal médico y sanitario, comedores de campaña y la logística de los batallones de Ingenieros para, por ejemplo, asistir en la construcción de cloacas.

El proyecto del Frente Renovador de Massa (que fue a las elecciones bajo el sello partidario de UNA, “Unidos por una Nueva Argentina”) estaba enlazado con tres proyectos de ley: destrabar las limitaciones que plantean las leyes de Defensa y Seguridad Interior al uso de las Fuerzas Armadas y crear la Ley de Seguridad Ampliada con facultades subsidiarias de Defensa.

“Nosotros queremos que la logística del Ejército sirva para ampliar la capacidad del Estado de dar seguridad. ¿Cuánta gente preparada está al pedo en los cuarteles? ¿Cuántos médicos del Ejército podrían estar acá? Hablo de seguridad ampliada o seguridad humana: que el Estado intervenga contra el narcotráfico, pero también con un servicio educativo y sanitario”, exponía Sergio Massa a la prensa.

Un mes después, Massa volvió a exponer su “Programa de Seguridad Ampliada”, pero esta vez en Rosario, que en ese momento se desangraba en una verdadera guerra entre bandas narcos. Massa declamó en ese entonces: “Es muy importante que cada rosarino sepa qué vamos a hacer en materia de lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Vamos a llevar a las Fuerzas Armadas a los barrios que hoy están copados por los narcos. Vamos a usar las fuerzas armadas para detener nuestra frontera en materia de blindaje contra el narcotráfico. Vamos a tener ley de derribo, vamos a expulsar de la Argentina a los extranjeros vinculados a la droga…”.

Luego de los anuncios del presidente Mauricio Macri, sobre la puesta en marcha de la reforma del Sistema de Defensa Nacional, las actitudes miserables y desmemoriadas del Frente para la Victoria y el Frente Renovador no pudieron ser más evidentes. Sus respectivos bloques de Diputados y Senadores consideraron como una “degradación de la democracia y el estado de derecho” el cambio en la política de Defensa. A través de un comunicado, los diputados kirchneristas indicaron que “entrometer a las Fuerzas Armadas en seguridad interior exige la modificación de tres leyes piramidales de la Democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Sin ello sería ilegal”. Justo los kirchneristas mencionan la Ley de Inteligencia, cuando fueron los que crearon grupos de inteligencia paralelos (inclusive dentro de la propia J2, la Inteligencia Militar) para espiar a políticos, periodistas y empresarios opositores, a través de Fernando Pocino, ex director de Reunión Interior de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (hoy AFI, Agencia Federal de Inteligencia), y el general César Milani, ex jefe del Ejército, el primer oficial del área de inteligencia en llegar a la cima de la institución castrense.

Otro desmemoriado del kirchnerismo, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, dijo que “volver a involucrar a las Fuerza Armadas en cuestiones de seguridad interior nos retrotrae a un debate ya muy superado. Macri es definitivamente el peor presidente de la democracia”. Canallesco y despreciable, como mínimo.

Por su parte, el Frente Renovador de Sergio Massa, por medio de otro inefable camaleón de la política argentina, el diputado Felipe Solá, salió a cuestionar la decisión del Ejecutivo a través de su cuenta oficial en Twitter: “Las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer seguridad interior, es trágico”, escribió en la red social al tiempo que reclamó que el tema sea debatido en el Congreso. La frase “borrar con el codo, lo que se escribe con la mano”, pocas veces puede ser mejor utilizada que en este caso.

A su vez, la jefa del bloque de Diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, envió al presidente Mauricio Macri y al titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, una carta donde el bloque de Sergio Massa considera de “gravedad institucional” el decreto del Ejecutivo porque vulnera facultades exclusivas del Congreso.

“Usted no puede pasar por alto el rol y funciones otorgadas al Congreso por la Constitución Nacional”, escribió la legisladora massista al presidente.

Sin embargo, fiel al estilo camaleónico que distingue a Sergio Massa, el Frente Renovador envió un proyecto al Congreso para discutir leyes que permitan a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad interior, en determinados casos y de manera temporal.

El massismo propone que las Fuerzas Armadas puedan participar esporádicamente en procedimientos de “asistencia, colaboración, investigación e intervención en materias de sanidad, siniestros, defensa civil, desarrollo nacional, cuestiones de utilidad pública e interés social”.

A pesar de su oposición al decreto presidencial, el artículo 3 del proyecto del Frente Renovador especifica que las Fuerzas Armadas podrán, de aprobarse la norma, “participar temporalmente en actividades y operaciones de seguridad ampliada destinadas a la prevención, inteligencia asignada específica, peritaje e intervención en actividades ilícitas de interés nacional y de seguridad internacional, ocurridas en zonas fronterizas, mar territorial, aguas interiores, espacio aéreo Argentino y de jurisdicción nacional y cualquier otro territorio o zona delimitada en el decreto de intervención”.

Como vemos, entre la torpeza del Gobierno y la oposición “desmemoriada” (entrecomillo porque no creo que sea desmemoria, sino una despreciable, repulsiva y miserable forma de hacer política), Argentina tiene una concepción de su Defensa Nacional y su seguridad interior anacrónica y obsoleta. Y esa concepción anticuada se mide en toneladas de drogas y litros de sangre.

Enlace al artículo del Dr. Jorge Suárez Saponaro sobre el análisis del decreto presidencial de reforma de las Fuerzas Armadas argentinas

https://www.aviacionargentina.net/foros/forum/defensa-en-general/temas-de-defensa-generales/674068-el-mal-llamado-decreto-de-reforma-de-las-fuerzas-armadas