Anotaciones de una década saqueada

Por Agustín C. Dragonetti. Corresponsal de El Minuto en Argentina.

En los últimos días la sociedad argentina se vio sacudida por lo que se da en llamar el escándalo de “los cuadernos de la corrupción K”, a raíz de la investigación del periodista Diego Cabot, del diario La Nación, que dio a conocer una serie de fotocopias de cuadernos y anotadores con observaciones detalladas del derrotero de dineros proveniente de retornos y sobornos para la adjudicación de obras públicas durante el kirchnerismo. El autor de esos escritos es Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien fuera secretario de Coordinación y Gestión en el Ministerio de Planificación Federal, a cargo del entonces todopoderoso ministro de Planificación Federal Julio De Vido, hoy detenido luego de su desafuero como diputado el año pasado por causas de corrupción.

Así como el Mani Pulite (el famoso megaproceso judicial italiano llevado a cabo por el fiscal Antonio Di Pietro a principios de los años 90, que reveló una profunda red de corrupción que involucraba a todos los principales partidos políticos y a diversos grupos corporativos e industriales italianos) se desató porque el propietario de un lavadero de Milán no accedió a que un “cobrador” del Partido Socialista le ampliara el monto de un soborno, este caso también se descubrió por una cuestión casi doméstica. Una mujer despechada provocó lo que podría ser uno de los mejores casos documentados de corrupción política de la historia. Hilda Horovitz, la ex esposa de Centeno, se apersonó a fines del año pasado en el juzgado del juez federal Claudio Bonadio, el magistrado que motoriza las causas de corrupción contra la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner (desde el Memorándum de Entendimiento con Irán, concerniente a la investigación del atentado a la mutual judía AMIA en 1994, hasta un proceso en su contra por operaciones financieras por la venta de dólar a futuro) y gran parte de su séquito. Allí, Horovitz (de 61 años) reveló que su ex esposo le había relatado que junto a Baratta y otros ex funcionarios de Planificación trasladaban bolsos con dinero en autos de la flota oficial. Según el relato de Horovitz, se trataba fondos ilegales que entregaban los empresarios a funcionarios del gobierno anterior.

Luego de la declaración de la mujer (hecha en medio de una separación en muy malos términos con Centeno, quien la golpeaba y la maltrataba verbal y psicológicamente), el juez federal Sergio Torres tomó la causa. La investigación acabó con el procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito de Roberto Baratta, su mujer, Danila Biele, y hasta el propio Centeno como probable testaferro del ex funcionario de Planificación Federal.

Según Cabot, no fue la enfurecida ex esposa de Centeno quien le cedió los escritos. Quien le entregó los cuadernos fue Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, quien conocía a Oscar Centeno (también un ex sargento primero, pero del Ejército Argentino, del cual fue echado por arrojarle a un superior una granada que no explotó por falla de la espoleta) cuando trabajaba como remisero. El chofer le entregó la caja con los escritos a Bacigalupo en noviembre del año pasado, cuando Baratta fue detenido luego de la denuncia de la ex mujer de Centeno, para que se los guardara. Y Bacigalupo se los dio al periodista Diego Cabot quien, luego de sacarle fotocopias y analizarlo durante semanas junto a dos colaboradores, finalmente se los llevó a la Justicia

Bacigalupo explicó por qué tomó la decisión de llevarle los cuadernos al periodismo: “Esta gente (por los funcionarios kirchneristas) se ha llevado puesto todo. Estos van a volver si no se los para de alguna manera. El problema no son los que están. Pero no sabía que esto tenía tanta envergadura”. Al mismo tiempo, resaltó que estaría “arrepentido” si no hubiera dado a conocer el contenido de los escritos, pero admitió que siente algo de temor “a los acontecimientos que pueden venir en este momento”. Y no es para menos.

Muchas preguntas surgieron inmediatamente. Desde el porqué Oscar Centeno mantenía una bitácora -y aún filmaciones, fotos y recibos de compras-, de su derrotero por empresas que mantenían contratos con el Estado argentino y despachos oficiales, hasta si reportaba para algún organismo de inteligencia oficial o paraoficial. Incluso se llegó a especular con que trabajaba para el mismísimo Néstor Kirchner…Nada de eso. Centeno escribía detalladamente sus actividades cotidianas para extorsionar a su superior en caso de perder el trabajo. No había mucho misterio.

Pero, ¿qué decían las anotaciones de Centeno? Básica y sintéticamente, era un relato pormenorizado con horarios, nombres, descripciones físicas de aquellos que no conocía y montos de dinero sucio intercambiados entre empresarios y funcionarios de alto rango, entre ellos el ex ministro Julio De Vido y el “Uno”, el fallecido ex presidente Néstor Carlos Kirchner. Los lugares del destino final de esos millones de dólares en coimas y retornos eran la Quinta Presidencial de Olivos, la Jefatura de Gabinete de Ministros o en el lujoso departamento de la familia Kirchner, en el sexto piso de la calle Uruguay al 1300, en Recoleta, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Para los indiscretos, el departamento de cuatro dormitorios (uno en suite), cinco baños, palier, hall, living, living íntimo, cocina, comedor, escritorio, terraza y dependencias de servicio, cotiza en más de U$S 980.000. Bien nacional y popular.

El escándalo de “los cuadernos de la corrupción K” llevó al juez federal Claudio Bonadio a ordenar la detención de varios de los principales empresarios de la obra pública argentina de los últimos años. Los empresarios detenidos fueron:

Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la firma cordobesa Electroingeniería, que ganó importantes contratos durante el kirchnerismo y cuyo convenio más importante lo firmó en 2014, cuando ganó la licitación para levantar las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en Santa Cruz, en sociedad con la firma china Ghezhouba Group Corporation.

Javier Sánchez Caballero, fue CEO de la empresa IECSA S.A. (que hasta el 17 de marzo del año pasado pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri). IECSA ganó, entre otras obras, el proyecto para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, en asociación con la firma brasileña Odebretch y la italiana Ghelli. Se trata de una obra de unos U$S 3.000 millones. En marzo de este año, IECSA S.A. fue comprada por Marcelo Mindlin, quien la renombró como SACDE S.A. (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico). Antes del cambio de firma, Sánchez Caballero había sido involucrado en supuestos pagos de sobornos, a través de una serie de mails con la controvertida empresa brasileña Odebretch. Bonadio dispuso su excarcelación ya que llegó a un acuerdo para colaborar con la Justicia, quedando bajo la figura de “imputado colaborador”.

Armando Losón, del Grupo Albanesi S.A., la quinta empresa generadora de electricidad de Argentina. Armando Losón fue uno de los comercializadores de gas más importantes del país durante el kirchnerismo. Tras el cambio de gobierno adaptó su negocio y se acercó a la administración de Cambiemos. En septiembre del año pasado, ganó una licitación para un plan de generación de energía eléctrica en Arroyo Seco, Santa Fe.

Carlos Mundín, uno de los dueños de BTU, una empresa de obra pública dedicada al gerenciamiento de proyectos, construcción de gasoductos, renovación ferroviaria y otras infraestructuras similares.

 

BTU fue una de las compañías que construyó durante 2005 plantas compresoras para ampliar el Gasoducto Norte, junto a la firma sueca Skanska, quien admitió el pago de “comisiones indebidas”.

Carlos Wagner, dueño de la constructora ESUCO S.A., una de las principales empresas contratistas del Estado hasta 2015. Wagner fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), entre 2003 y 2015. De estrechos vínculos con el ex ministro Julio De Vido, su compañía fue una de las que más obras consiguieron en la provincia de Santa Cruz.

El juez Sebastián Casanello procesó a Wagner en mayo de este año como partícipe en una causa de defraudación por la construcción de plantas potabilizadoras de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), obras delegadas a Odebretch.

El juez federal Claudio Bonadio también ordenó detener y allanar a Juan Carlos De Goycochea, ex directivo de la empresa de origen español Isolux Corsán, que tuvo a su cargo, la construcción de la central eléctrica de Río Turbio, en Santa Cruz. La obra, adjudicada en 2007 con un contrato de U$S 665 millones, nunca se finalizó. El 5 de marzo pasado, el Gobierno rescindió el contrato. De Goycochea también decidió colaborar con la Justicia bajo la figura de “imputado colaborador”. Fue excarcelado.

También se detuvo a Francisco Valenti, de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F.), quien ocupó el cargo de vicepresidente de la empresa durante años, y a Oscar Tomas, del Ente Binacional Yacyretá.

El último de los empresarios detenidos fue Héctor Alberto Zabaleta, ex director de Administración del Grupo Techint, y hombre de máxima confianza de su presidente, Paolo Rocca.

Y fueron llamados a indagatoria el empresario metalúrgico Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), que ya había sido detenido en marzo por supuestas anomalías en las obras de remodelación de la mina de carbón de Río Turbio; Rudy Ulloa Igor, el ex chofer de Néstor Kirchner en Santa Cruz, quien a partir de 2003 se convirtió en un millonario empresario de medios e inversor inmobiliario y Néstor Otero, ex dueño de la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro.

Lo que se sabía desde hace más de una década, pero no se podía terminar de probar, empieza a trascender: el mecanismo de saqueo sistemático de las arcas del Estado argentino por parte de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, a través de retornos y sobornos para enriquecerse y enriquecer a los amigos del poder. Hasta hoy no se conoce el monto exacto del dinero sustraído por el poder kirchnerista. Y, personalmente, creo que nunca se sabrá. Pero sí se conocen sus efectos sobre la economía argentina. Y eso porque -amén de errores propios de la gestión de Mauricio Macri- la estamos padeciendo.

Me pregunto, ¿cuántos “Centenos” hay todavía por descubrir? Porque en los cuadernos no figuran ni el empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones (detenido en Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza), ni el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (también encarcelado en el penal de Ezeiza), dos de los principales recaudadores y favorecidos por la “Corona K”. Lo que Centeno retrató en sus escritos era el manejo habitual de corrupción de una sola área, pero además del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (donde reportaban Baratta y Centeno), había otros 15 ministerios, además de 70 secretarías de Estado, 169 subsecretarías de Estado, sin contar las direcciones nacionales y generales y los institutos y organismos.

 

Todos en Argentina recordamos los videos tomados en la financiera SGI, conocida entre los amigos del poder como “La Rosadita” (en referencia a la Casa Rosada, la sede del Gobierno argentino), esa oficina del Edificio Madero Center, en Puerto Madero, donde Daniel Pérez Gadín, el contador del empresario Lázaro Báez, contaba millones de dólares del retorno y los sobornos de la obra pública, fumando habanos y tomando whisky junto a su hijo, Sebastián Ariel Gadín; el mediático operador Fabián Rossi; Jorge Chueco, abogado de Báez; Martín Báez, el hijo del empresario y otras personas. Ahí, según lo que declaró ante el juez federal Sebastián Casanello en mayo del año pasado el “imputado colaborador” Leonardo Fariña, el empresario Lázaro Báez lavó U$S 77 millones, y solo durante el tiempo en que trabajó para él, entre 2010 y 2013.

Ni que decir de los famosos bolsos con casi U$S 9 millones que José López, el ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, es decir, el segundo de Julio De Vido, arrojó por encima del muro del “Monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Monjas Orantes y Penitentes” en General Rodríguez, una fría madrugada del 14 de junio de 2016. El caso López también se descubrió por casualidad, ya que esa madrugada, un vecino alertó al 911 de movimientos extraños en el monasterio. La Policía llegó, detuvo a López y saltó un megaescándalo que todavía permanece en la cabeza de los argentinos.

En su cargo en Planificación, López manejó una caja de alrededor de $ 32 mil millones y su patrimonio, hasta su declaración (la oficial) del año 2011, había crecido siete veces. Cristina Kirchner, cuando habló de López durante una entrevista, se quebró y entre lágrimas de cocodrilo, disparó: “Lo odié como pocas veces he odiado”, dijo, sin que se le cayera la cara de vergüenza.

Ahora tenemos por delante la confesión de los “arrepentidos”: Juan Carlos De Goycochea, el ex gerente de Isolux; Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA S.A.; y hasta Ángelo Calcaterra, el primo hermano del presidente Mauricio Macri y ex dueño de IECSA S.A. Calcaterra se presentó de forma espontánea en los tribunales federales de Comodoro Py para ayudar en el marco de la causa. Luego de declarar, el empresario se “convirtió en imputado arrepentido” y el juez federal Claudio Bonadio lo dejó en libertad. Calcaterra reconoció que pagó sobornos y, además, mientras IECSA S.A. atravesaba serias dificultades económicas, aseguró que se le pidió contribuir con dinero para las campañas de 2013 y 2015 del kirchnerismo.

Lo que promete ser el “Lava jato” argentino (salpicando a la mayoría de las dueños y directivos de las grandes empresas de obras públicas y a los principales popes del kirchnerismo, con Cristina Kirchner a la cabeza), recién empieza. Pero tenemos antecedentes poco auspiciosos. Recordemos que recién en mayo de este año se confirmó el procesamiento del ex presidente y hoy senador Carlos Saúl Menem en la causa por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, que fue intencional y se hizo para ocultar el faltante de armamento que fue vendido ilegalmente a Ecuador y Croacia, cuando el primero estaba en guerra con Perú y Argentina era garante de paz, y el segundo, que estaba en guerra con Serbia, tenía un embargo de Naciones Unidas.

Veremos que nos deparan las próximas semanas y los próximos meses… ¿o los próximos años? Veremos, total, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad?